EMPRESARIOS CON LOS TAPONES DE PUNTA CONTRA EL PROYECTO K PARA “GOBERNAR” COMPAÑÍAS

La intención del Gobierno de impulsar una nueva Ley de Abastecimiento consiguió unificar las posturas del arco empresarial. AEA (Arcor, Techint, entre otras), las asociaciones de bancos privados ABA y Adeba, los industriales (UIA, UIC) y las alimentarias de Copal tildaron de intervencionista la iniciativa. Aseguran que afectará las inversiones y no descartaron ir a la Justicia si se aprueba el proyecto.

En el epílogo de su ciclo, el kirchnerismo intenta una cruzada antiempresaria que recibió el rechazo de las principales entidades privadas del país y la provincia. Para la Unión Industrial Argentina la sanción de la norma limitaría la rentabilidad de las empresas y afectaría las inversiones. “si se sanciona una norma de este tipo, recurriremos a la Justicia”, aseguró, y agregó: “Tenemos una observación sobre la ley de abastecimiento porque podría ponerle límites a la rentabilidad de las empresas, sería inconstitucional”. Los industriales cordobeses se expresaron en el mismo sentido. “En un escenario complejo para la actividad industrial, expresamos nuestra preocupación ante este proyecto que afecta el derecho de la propiedad y le da potestad al Poder Ejecutivo de intervenir discrecionalmente en las decisiones de las empresas radicadas en nuestro país, afectando de esta manera la iniciativa privada y las inversiones productivas actuales y futuras”, planteó un comunicado la UIC que preside Ercole Felippa. Por su parte, desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) también criticaron al proyecto. “El Estadio no puede meterse en la vida interna de las empresas. Esta ley no ayuda a la gente en un momento que tenemos que generar más confianza y más empleo”, señaló el titular de la entidad, Jaime Campos. “Son cuestiones realmente serias, el Estado debe controlar, pero no sustituir la actividad privada”, sostuvo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), quien la semana pasada estuvo sentado en la primera fila durante un anuncio de Cristina Kirchner por Cadena Nacional. “Mercado y Estado deben ser compatibles, y este proyecto no contribuye a eso”, consideró. Los banqueros privados de Adeba y ABA, en tanto, expresaron que “este tipo de iniciativa trae como consecuencia efectos totalmente opuestos a los perseguidos, ya que la intromisión del Estado en áreas y funciones que no son de su competencia, termina por inhibir la inversión privada, desabastecer los mercados y promover la aparición de mercados ilegales con precios superiores a los regulados”. Desde el Gobierno salió a hablar el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien dio a entender que la norma está pensada para los “algunos” empresarios. “Llama la atención esas declaraciones -dijo- La Ley de Abastecimiento está quedando tal cual estaba, con la salvedad de que se derogarán las penas de prisión para empresarios. Llama la atención la crítica, que intenta instalar un clima negativo respecto a estas leyes, cuando lo que intentan es defender los derechos de los consumidores”, y agregó: “los buenos empresarios tienen que estar tranquilos. Ayer visitó Córdoba el presidente de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y consultado sobre este tema por Infonegocios evitó pronunciarse y sólo dijo que en el caso de efectivizarse la ley, se judicializará. Principales cambio del proyecto Aunque la Ley de Abastecimiento rige desde 1974 y fue avalada por la justicia en 2007 (luego de estar suspendida desde 1991 a 1999 poremergencia económica), los principales cambios en la normativa que causaron el rechazo de los dueños de las principales empresas del país fueron los siguientes: Las multas máximas subieron de un millón a 10 millones de pesos, se prevé la clausura de establecimiento por hasta 90 días, inhabilitación por dos años para créditos, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otros. Se eliminó, además, la posibilidad de ir a la cárcel por un período de hasta 90 días que puede extenderse hasta los 4 años y se incorporó la “pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos”. También el proyecto amplía de 5 a 10 días hábiles el plazo para que la empresa presente defensa y se mantiene la posibilidad de forzar la venta de mercaderías cuando fuera suficiente, sin depósito previo ni juicio de expropiación. Sin embargo, se eliminó la posibilidad de que ante situaciones de desabastecimiento el Ejecutivo pueda expropiar bienes.

FUENTE: infoNEGOCIOS

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